El caso de Siria ha movilizado la sociedad civil global de manera muy intensa y apasionada. Los números del conflicto son dramáticos e impresionantes: 100 mil muertos y dos millones de refugiados. Las graves violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario piden acciones inmediatas y eficaces de la comunidad internacional. Pero la guerra civil en Siria, como todos los conflictos armados, no es un escenario en que se pueda aplicar idealmente los principios e instrumentos existentes para la situación.

Un ataque unilateral de los EEUU, con apoyo de Francia, bajo el argumento de que no se puede tolerar el uso de las armas químicas por el régimen de Assad – entraña cuestiones legales, morales y éticas. Hay consenso de que el principio de la responsabilidad de proteger (RdP) se aplicaría al caso sirio, para la protección de los civiles, con la condición sine qua non de que fuera implementado por una resolución del Consejo de Seguridad (CS) de Naciones Unidas.

El rechazo de la Cámara de los Comunes de Reino Unido a una intervención en Siria sin la autorización del CS ha sido un importantísimo capítulo de la historia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Algunos analistas han ahora hablado del aislamiento de Londres; pero también se puede hablar de un acercamiento de la posición británica a más de dos tercios de los miembros de Naciones Unidas, que abogan por la legalidad internacional y el multilateralismo.

América Latina tuvo su primera manifestación colectiva sobre el tema de la intervención en Siria en la Cumbre de Unasur, realizada en Surinam, a fines de agosto. Allí, como se esperaba, los jefes de Estado y de gobierno sudamericanos manifestaron que cualquier intervención armada debería ser realizada  con el aval del CS. Si se toma en cuenta la propuesta brasileña de la Responsabilidad al Proteger (RwP), habría que incorporar otros límites para una intervención armada, aunque amparada en el CS.

La geopolítica del Medio Oriente, del conflicto Árabe-Israelí, el mercado de petróleo y la disputa por el poder entre las potencias, Rusia y China de un lado, EEUU y Europa por el otro, y, por supuesto, el tema de Irán, explican las razones del impasse en Naciones Unidas para una decisión del CS. Todo eso frustra profundamente la sociedad civil global, que tiende a mirar la RdP como un tema prioritario de Derechos Humanos y de seguridad humana.

La comprensión del momento actual debe añadir un hecho político nuevo: el derrumbe del gobierno de Muhammad Musri, elegido democráticamente en Egipto, ha sido un duro golpe a la Primavera Árabe y un aliento para el régimen de Assad, que recobró su expectativa de vida política.

¿Cual debería ser, entonces, la posición de la sociedad civil global, y en particular de la sociedad civil latinoamericana y caribeña respeto a Siria? En primer lugar, no apoyar ataques unilaterales, de ningún país, a Siria, en nombre de la responsabilidad de proteger o de la protección de civiles; en segundo lugar, apoyar a los países vecinos y otros a mantenerse abiertos para recibir los refugiados sirios, con auxilio del ACNUR; en tercer lugar apoyar la negociación político-diplomática entre las partes del conflicto, como ya se ha intentado, antes, sin éxito, con el Plan de Koffi Annan. Porque no será con retaliación, ni más bombas, ni más muertos que el conflicto en Siria será resuelto, con algunas perspectivas de éxito de una reconstrucción postconflicto.

Gilberto M. A. Rodrigues, profesor del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidade Federal do ABC, en Brasil, miembro del GAPCon/UCAM y de CRIES, ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad de Notre Dame (EEUU).